La expresión bienes comunes naturales no es nueva para las organizaciones y movimientos sociales, ambientales y de defensa territorial. Los pueblos originarios, campesinos y afrodescendientes, sus prácticas y principios filosóficos, también se encuentran en el seno de esta reflexión. En este escrito, reconociéndome como investigadora y activista chilena situada en el Wallmapu, me urge afirmar el enfoque de los bienes comunes naturales por los desafíos vitales que nos plantea la actual situación de crisis hídrica y climática. Éste nos interpela a pensar por lo común y por quiénes somos los que lo constituimos. Enfatiza aquello que pertenece a un pueblo, o los pueblos que habitan determinado territorio, como es nuestro caso. Se diferencia de lo público, que es aquello que es de todos, pero de libre albedrío. Se opone radicalmente a la noción de riqueza, como aquello que puede comercializarse, valorizarse, y devenir propiedad, pero también a la de recurso natural, como el que por medio de la razón puede ser utilizado para el desarrollo humano[1]. Los comunes pueden ser el aire, el agua, la tierra, pero también la seguridad social, las comunicaciones, la educación, entre otros.
A pesar de los años y la expansión del debate, todavía no es evidente la nominación de los bienes comunes naturales, en cuanto tales, y menos una comprensión relacional de éstos[2] en contextos plurinacionales. Enfoques de diversos orígenes, desde los marxistas materialistas a los liberales utilitaristas, insisten en la importancia de la apropiación de éstos como fuente de riqueza. Ello está asociado a la racionalidad occidental moderna que asume la posibilidad del control humano frente a lo no humano. Se expresa, entre muchas, en las propuestas de corrientes críticas que proponen la nacionalización como solución de los embates de la privatización que generó una marcada desigualdad en el acceso, distribución y consumo durante las últimas décadas. Esto implicaría una fuente de ingresos para las naciones, como si la gestión estatal garantizara por sí misma una redistribución equitativa y democrática. Distintos pueblos originarios cuestionan como solución suficiente las políticas post-neoliberales, que recuperaban el rol del Estado en la Economía, pero persisten en mercantilizar los territorios con lógicas extractivas. Es el caso de lo que sucede en la carretera que se pretende construir en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) habitado por las comunidades Moxeñas, Yuracarés, y Tsimane en Bolivia[3] o en el intento por extraer petróleo en Ecuador afectando a una serie de pueblos indígenas amazónicos[4]. Estas experiencias nos interpelan a pensar con más fuerza la importancia de discutir que la apropiación de los bienes comunes naturales debe estar orientado a las comunidades y territorios que los sostienen[5].
En contra, el racionalismo economicista no concibe lo que puede alcanzar la organización social en materia medioambiental, argumentando que la gestión comunitaria fracasará porque las personas sólo buscan su beneficio individual. Hacia fines de los años sesenta, se planteó con gran impacto, que la sobreexplotación de los recursos naturales daba cuenta de la imposibilidad de la auto regulación, y que sólo era posible controlar el acceso y uso de éstos, mediante el establecimiento de la propiedad privada o gubernamental que estableciera límites y medidas coercitivas frente al abuso[6]. Con el auge de las políticas neoliberales, estas ideas se difundieron promoviendo las supuestas bonanzas de la privatización de las aguas, los bosques, y las áreas protegidas, entre otros, no sólo argumentando un benéfico económico, sino que además la protección ambiental. Por años negaron que las comunidades locales podían ser portadoras de una política sobre los bienes comunes. En respuesta, Elinor Ostrom, la primera mujer en haber obtenido el Premio Nobel de Economía el 2009, ha analizado procesos exitosos de gestión de los bienes comunes naturales, llevados adelante por los propios actores concernidos en distintos lugares del mundo. Ella ha dado cuenta que mediante la auto-organización de distintos tipos de comunidades se crean instituciones asociadas a bienes de uso común, que incluyen reglas, mecanismos de utilización, distribución, así como de sanción, que hace que las prácticas sobre estos sean sostenibles, eficientes e incluso persistentes por largos periodos de tiempo[7]. Es decir, se ha probado que existen sistemas comunitarios eficientes en el cuidado de la naturaleza que funcionan y que incluso se pueden articular con estos otros tipos de actores, manteniéndose como entidades autónomas. A partir de este poder colaborativo, entonces, nos encontramos con un método distinto de hacer política, que comprende que la fuerza de acción está en las tramas que sostienen la auto-organización[8].
Los pueblos originarios, comunidades campesinas, tribales y afrodescendientes están entre quienes por siglos han mantenido distintos tipos de mecanismos de autogestión territorial y ecosistémica. Hoy, después de largas luchas en las arenas de la ciencia, la academia y las instituciones intergubernamentales son reconocidos como actores claves en la conservación de la biodiversidad. Un informe que recientemente elaboró el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en inglés) confirma a través de una acuciosa revisión de datos que los pueblos indígenas y comunidades locales están contribuyendo sustantivamente en la contención de los efectos del cambio climático. También llama a generar políticas que fortalezcan los derechos territoriales de mujeres y pueblos indígenas como una de las soluciones a la crisis climática. 42 organizaciones indígenas provenientes de diferentes países reforzaron este informe como un hito: “Finalmente, los mejores científicos del mundo reconocen lo que siempre hemos sabido […] Nuestro conocimiento tradicional y manejo sostenible de las tierras y bosques del mundo son clave para reducir las emisiones globales con el fin de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados para el año 2030”. Por lo tanto, emplazan a trabajar con ellas en estos procesos.
Por mientras, en el Wallmapu estos debates no tienen cabida en el marco de la institucionalidad y de los actores empresariales, más que como mero registro multicultural. Pero, al contrario, la articulación entre la ciudadanía, organizaciones y lof mapuche, y comunidades territoriales resulta esperanzadora. Quienes estamos revelándonos frente a las lógicas de la acumulación y acaparamiento capitalista estamos construyendo vínculos y reconociéndonos mutuamente como actores/actrices que apostamos por la defensa de la vida. Es lo que desde mi percepción ha estado sucediendo en el marco de varios de los debates de las asambleas locales que se han dado en los últimos meses. También en estrategias territoriales donde podemos observar lof mapuche vinculados a organizaciones sociales locales y equipos técnicos profesionales de distintos orígenes deteniendo una serie de proyectos de inversión. Además, en diversos lugares se han levantado reflexiones y propuestas sobre las aguas, la crisis climática, gestión de residuos, proyectos extractivos, entre otros. Así, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) promovió los Cabildos del agua, que se realizaron en 60 ciudades y localidades de Chile y del Wallmapu dónde se desarrollaron estos diálogos relacionales[9]. En ellos el agua implica todo el sistema que sostiene la vida, comprendiendo las múltiples visiones de mundo que existe en su valoración.
Así como los datos científicos pueden ser claves para advertir riesgos socio-ambientales, las evidencia locales sumadas a los conceptos propios mapuche forman parte de lo que tenemos que conocer y aprehender cuando nos ubicamos en este enfoque relacional de los bienes comunes naturales. Ello nos llama a preguntarnos por los significados que forman parte de esta interacción entre lo humano y lo no humano. Así, el agua como necesidad vital no significa lo mismo en el Wallmapu para todos, ni se cuida de la misma manera por todos. Tampoco, todos los actores tenemos los mismos intereses. Sí, creo que quienes estamos en la defensa territorial podemos converger en el reconocimiento de una pluralidad de concepciones sobre la gestión territorial. Tanto el az mapu, o derecho propio mapuche que define los principios de relacionamientos entre sí y con toda la naturaleza[10], como los saberes de más reciente data de carácter occidental, pueden orientarnos. Para ello requerimos poner en práctica la riqueza epistémica mapuche para restablecer el kvme mogen o buen vivir, así como superar el racismo encubierto que jerarquiza el conocimiento de la ciencia occidental por sobre el conocimiento de los pueblos originarios[11]. Sin duda nos queda mucho que aprender en el proceso de construir las alianzas que nos permitan cuidar lo que necesitamos para asegurar el futuro en este territorio.
[1] González Reyes, L. (S/A). Diccionario crítico de empresas Transnacionales: Observatorio de Multinacionales en América Latina. Disponible en: http://omal.info/spip.php?article4842
[2] Escobar, A. (2014). Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Medellín: Ediciones UNAULA.
[3] Movimiento por la Tierra (S/A). Estudio de Caso TIPNIS: Defendiendo nuestra Casa Grande. La Paz. Disponible en: https://porlatierra.org/docs/4158913724283417d08c2d6fdc097a5a.pdf
[4] Alvuja, V. y Dávalos, P. (2013). Extractivismo y posneoliberalismo: el caso de Ecuador. Estudios críticos del desarrollo, 3 (4), 83–112. Disponible en: https://estudiosdeldesarrollo.mx/estudioscriticosdeldesarrollo/wp-content/uploads/2019/01/ECD4-3.pdf
[5] Cuenca, L. (2015). Cambiar la Constitución supone hoy cambiar de paradigmas. En: Constituyendo los bienes comunes. Memorias Seminario sobre extractivismo y proceso constituyente. Santiago: OLCA.
[6] Hardin, G. (1968). “The Tragedy of de Commons”, Science, 162, 1243-1248. En español disponible en: https://www.arschile.cl/moodledata/2/Mod4/TragediaComunes.pdf
[7] Ostrom, E. (2000). El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
[8] Ramis, A. (2019). Bienes comunes y democracia. Crítica al individualismo posesivo. Santiago: Lom.
[9] MAT (2020). Decálogo por los derechos de las aguas y su gestión comunitaria. Disponible en https://www.facebook.com/AguaEnMarcha/photos/a.243724439095681/1856004851200957/?type=3&theater
[10] Ñanculef, J. (1990). La filosofía e ideología Mapuche. Nütram, 3, 9-16.
[11] Loncón, E. (2019). Racismo encubierto y la resistencia desde la diversidad epistémica Mapuche. Revista Anales, 7(16), 249-265.
Ximena Cuadra Montoya
Integrante de la Red de Acción por los Derechos Ambientales. Socióloga y doctorante en ciencia política en la Universidad de Québec en Montreal. Posee un Master en investigación en sociología de la Universidad de Barcelona (2012) y un Master en ciencia política de la Universidad de Quebec en Montreal (2014). Se interesa en los asuntos energéticos y socioambientales en territorios indígenas. Es integrante de la Red de acción por los derechos ambientales RADA y participa del Equipo técnico de la Red de defensa de los territorios, Araucanía.
Intervención de imagen de portada: Sebastián Calfuqueo
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